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Legales Actualidad: Reunión de expertos s/privación de libertad a personas c/discapacidad
Editado el Voces el Saturday a las 11:10:00, el 30 April del 2016
Contribución de Voces

Conclusiones y Recomendaciones
Este documento refleja las conclusiones y recomendaciones derivadas de la reunión de expertos sobre la privación de libertad de las personas con discapacidad en poder de la OACDH los días 8-9 de septiembre de de 2015.
Los objetivos pertinentes de la reunión de expertos fueron los siguientes:
1) Identificar, en el contexto de la situación actual del desarrollo del derecho a la libertad ya la seguridad de las personas con discapacidad, las lagunas y los desafíos que el enfoque no discriminatorio a la privación de libertad plantea a la legislación vigente...

2) identificar las posibles futuras acciones que deben emprenderse para proporcionar una comprensión común de este derecho y soluciones a las deficiencias y los problemas (investigación, desarrollo de protocolos, de reforma de la ley, etc.) existentes.

La Oficina ha identificado un conjunto de normas de la CDPD, como el desarrollado por el Comité de los derechos de las personas con discapacidad, así como algunas lagunas que aún persisten y los desafíos que se plantean a la legislación y la práctica existente.
1) Las normas desarrolladas hasta el momento:
a) prohibición absoluta de la privación de la libertad sobre la base de las deficiencias;
b) Prohibición de tratamiento forzado o no consentido, o que es de alguna manera en violación de la libre e informar consentimiento de la persona de que se trate;
c) La defensa de la norma de "mejores interpretaciones de la voluntad y las preferencias de la persona" para el ejercicio de la capacidad jurídica, que sustituye a la norma del "mejor interés de la persona" en todos los contextos para adultos con discapacidades;
d) El rechazo de falta de aptitud para ser juzgado;
e) el deber de garantizar el acceso a la justicia, incluso mediante ajustes de procedimiento en todas las etapas de los procedimientos;
f) El rechazo de exención del pago sobre la base de la discapacidad;
g) El rechazo de las medidas de seguridad, incluyendo las que implican la privación indefinida de libertad y el tratamiento forzado;
h) El rechazo de los conceptos de peligrosidad y previsibilidad como causal de privación de libertad de las personas con discapacidad;
i) La persona con discapacidad sólo debe ser privado de su libertad cuando se encuentra culpable de un delito después de seguir un procedimiento penal con todas las garantías y garantías aplicables a todo el mundo; y
j) La preferencia por los mecanismos de derivación y los sistemas de justicia restaurativa que no requieren tratamiento médico.

2) restante deficiencias y los problemas para la legislación y la práctica existente:
a) las legislaciones y prácticas existentes permiten la privación de la libertad sobre la base de las deficiencias y para el tratamiento forzado o no consentido, o que es de alguna manera en violación de la libre e informar consentimiento de la persona interesada.
b) La falta de una guía práctica sobre el nivel de "mejor interpretación de la voluntad y las preferencias de la persona", en particular en relación con el tratamiento médico de emergencias que amenazan la vida y situaciones de crisis.
c) La falta de una guía práctica sobre el acceso a la justicia en igualdad de condiciones con los demás, incluyendo sobre la aplicación de los esquemas de obtención en virtud del artículo 12, así como las operaciones de alojamiento de procedimiento de decisión apoyado, dando instrucciones al abogado, la auto-representación y la mejor interpretación de la voluntad y las preferencias de la persona.
d) La falta de orientación jurídica y práctica sobre el elemento subjetivo del delito (mens rea) y sobre cómo debe ser interpretada en los sistemas penales respetuosas del artículo 14.
e) La falta de orientación jurídica y práctica clara sobre la aplicación de las normas sobre la capacidad mental y legal en el contexto de la responsabilidad penal, a raíz de la Observación general Nº 1 del Comité de la CDPD.
f) Existente legislaciones y prácticas delictivas permiten la aplicación de medidas de seguridad para las personas con discapacidad que actualmente están exentos de responsabilidad penal.
g) Las normas actuales de la CDPD aún no han rechazado explícitamente la posibilidad de que las personas con discapacidad sirven a la vez de penas en los centros psiquiátricos, sin que ello implique el tratamiento forzado.
h) Algunos mecanismos de desvío existentes requieren que la persona se somete a un tratamiento médico o psiquiátrico, en violación al consentimiento libre e informado de la persona interesada.
i) Durante la reunión de expertos, hubo consenso en que los sistemas penales no cumplen con sus funciones declaradas de la reparación de la víctima y la sociedad en su conjunto y disuadir futuros crímenes, a través de las sanciones que se imponen a los delincuentes.
j) La falta de consistencia en el estado actual de la jurisprudencia de los órganos de tratados de las Naciones Unidas y los procedimientos especiales sobre los temas presentados, en particular, pero no exclusivamente en los puntos a, b y c.

Recomendaciones sobre medidas complementarias:
ACNUDH propone las siguientes acciones:
a) Defender y promover la reforma para derogar leyes y reglamentos que contradicen la prohibición absoluta de la privación de la libertad sobre la base de las deficiencias y la prohibición de tratamiento forzado o no consentido, o que es de alguna manera en violación de la libre e informar el consentimiento de la persona interesada. Promover la participación y la implicación de las organizaciones de personas con discapacidad es esencial.
b) Desarrollar protocolos y directrices para la aplicación práctica de la norma de "mejor interpretación de la voluntad y las preferencias de la persona" en virtud de la CDPD, a través de las diferentes áreas de la ley teniendo en cuenta sus objetivos y las particularidades. Con el fin de hacerlo, es esencial para promover, desarrollar y financiar la investigación teórica y aplicada sobre su aplicación práctica.
c) Para promover la reforma de las leyes y reglamentos relativos a los procedimientos legales y para los profesionales del derecho (los códigos de conducta de profesión) para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás de acuerdo con el artículo 13 de la CDPD, en especialmente para garantizar el suministro de alojamiento de procedimiento, incluyendo para dar instrucciones al abogado, la auto-representación y la mejor interpretación de la voluntad y las preferencias de la persona en este contexto. Esta promoción también debe seguir y acompañar a la promoción de la aplicación del artículo 12 y la toma de decisiones apoyadas.

En particular, la promoción debe centrarse en los siguientes elementos:
a) deben proporcionar adiestramientos sobre la CDPD para los abogados, los jueces y demás personal del sistema de justicia y la cárcel.
b) La colaboración entre abogados y otros profesionales, como trabajadores sociales, debe promoverse y fortalecerse con el fin de apoyar a los abogados trabajan como asesores. Esta colaboración no debe implicar renuncia o limitación de la responsabilidad profesional del abogado, que debe ser regulado de forma clara.
c) La adopción de protocolos y directrices para asegurar y mejorar la provisión de alojamiento de procedimiento. En este sentido, la investigación aplicada con una perspectiva CDPD en el ámbito del derecho penal procesal debe ser promovido.
d) Promover el debate sobre el acceso a la justicia de las personas con discapacidad y la provisión de alojamiento procesal de los colegios de abogados, asociaciones de derecho penal e institutos de investigación, instituciones académicas, entre otros órganos pertinentes con asesoramiento en materia penal.
d) Promover y la investigación teórica fondo de crítica en el ámbito del derecho penal con una perspectiva CDPD para abordar la cuestión de la responsabilidad penal de las personas con discapacidad y el elemento subjetivo del delito, explorando el uso de las defensas y los criterios generales que son deterioro neutro. En relación a esto, la investigación debe abordar la aplicación de las normas sobre la capacidad mental y legal en el contexto de la responsabilidad penal, a raíz de la Observación general Nº 1 del Comité de la CDPD. La investigación siempre debe reflexionar críticamente sobre estas cuestiones teniendo en cuenta el debate más amplio sobre la justificación de la pena y la función declarada y el funcionamiento real del sistema penal.
e) Abogar por la eliminación de las medidas de seguridad, o cualquier otro mecanismo que bajo cualquier otro nombre implica la privación de libertad, o cualquier otro ejercicio de control social, de una persona con discapacidad que no fue considerado culpable de un delito.
f) Para abogar por una reforma legal y política para prevenir las prácticas discriminatorias de los regímenes de detención, como las personas con discapacidad que cumplen condena en centros de salud mental y la denegación de ajustes razonables y la falta de accesibilidad en los lugares de detención.
g) Promover la reforma de las leyes y reglamentos relativos a los mecanismos de derivación existentes y los sistemas de justicia restaurativa para derogar las disposiciones que permiten la exigencia de un tratamiento médico y psiquiátrico con el fin de optar por el desvío.
h) Promover el debate y la investigación sobre métodos alternativos para hacer frente a los delitos por personas con discapacidad, como los programas de justicia restaurativa y medidas no privativas de libertad, con el fin de cumplir mejor los efectos de la reparación de las víctimas y la sociedad en su conjunto y de futuro disuadir crimen.

Fuente: Redi



 
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